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El Supremo anula la orden que exigía la habilitación de los veterinarios

Autor

Veterinaria.org

Fecha de publicación

01/05/2010

Resumen

La normativa, que exigía un curso de formación adicional a estos profesionales, nunca llegó a aplicarse tras ser recurrida .

Artículo


El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad de la orden de la Consejería de Ganadería que regula el procedimiento de habilitación de los veterinarios para ejercer en la región, porque al elaborarla no se contó con los informes preceptivos del Colegio de Veterinarios y del Consejo de Estado.  

La sentencia se produce cinco años después de la aprobación de la normativa y, en la actualidad, carece de efectividad ya que nunca llegó a entrar en vigor. El recurso judicial de la orden, interpuesto por la corporación veterinaria, y su posterior revocación por los tribunales, disuadió al Gobierno regional de su aplicación.  

En estos momentos, el Ejecutivo cántabro sólo exige la habilitación para los veterinarios libres, es decir, aquellos profesionales no funcionarios que la Administración contrata para trabajos puntuales, como la campaña de saneamiento ganadero, y se produce de manera automática. «El único requisito es estar colegiado y tener la titulación», señaló ayer a este periódico el decano de los veterinarios, Juan José Sánchez Asensio. La orden impugnada exigía la realización de unos cursos de formación específica sobre normativa veterinaria.  

El presidente de esta corporación precisó que este contencioso «nunca debió llegar hasta el Tribunal Supremo y así se lo pedimos a la Consejería de Ganadería, que nunca llegó a aplicar la orden».  

No obstante, el Supremo deja sin efecto la anulación de esa orden por dos argumentos que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) hace dos años: los «vicios de nulidad» por la falta de rango de la norma para establecer la habilitación y que no se informara al Consejo General de Veterinarios de España., informa EFE.  

Pero, pese a aceptar esos dos motivos del recurso que presentó el Gobierno autonómico, el Alto Tribunal también confirma la nulidad de la orden, porque no tuvo en cuenta en su elaboración esos informes del Colegio de Veterinarios y del Consejo de Estado que eran preceptivos.  

La Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal cántabro estimó en 2008 un recurso del Consejo General de Veterinarios de España y del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria contra la orden 20/2005 de la Consejería de Ganadería. Esa norma establece, como condición «adicional» para ejercer libremente esa profesión en la comunidad autónoma, haber realizado un curso de formación.  

La Sala del TSJC explicaba que el establecimiento por la comunidad autónoma de ese requisito a través de una disposición con rango reglamentario «no es baladí», ya que el mencionado curso constituye un «requisito sine qua non» para que los veterinarios puedan desarrollar sus funciones en Cantabria .  

El TSJC consideraba que la imposición de condiciones para el ejercicio de la profesión requiere informe «previo» y «preceptivo» tanto del Colegio Profesional de Veterinaria de Cantabria como del Consejo General de Veterinarios de España. Sin embargo, el Supremo rechaza ahora esos argumentos y entiende que, en su sentencia sobre este tema, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC «repite una idea errónea sobre el alcance» de la orden de Ganadería que regula el régimen y la autorización de la actividad de los veterinarios.  

El Alto Tribunal niega que la orden de la Consejería de Ganadería supeditara el libre ejercicio de la profesión de veterinario al cumplimiento de unos requisitos, como la realización de los cursos. Explica que lo que la orden determina es «algo distinto, de menor alcance y más singular», como son las condiciones necesarias para obtener la acreditación de veterinario habilitado, y «poder ejercer así funciones específicas y concretas» recogidas en la normativa.  

Con todo, el Alto Tribunal confirma la nulidad de la orden porque se omitió el informe preceptivo del Colegio de Veterinarios y el dictamen el Consejo de Estado. 

 

Fuente: C. de la Peña, en eldiariomontanes.es    

 



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